Leo con estupor una de las noticias publicada en EL PAÍS del pasado jueves: “Maestros suspensos en primaria. El 86% de los aspirantes a una plaza docente en Madrid no pasó la prueba de conocimientos”. Soy profesor de secundaria y en las últimas oposiciones a maestro convocadas en Madrid en 2011 fui presidente de uno de los tribunales de la especialidad de Inglés. Efectivamente, algunas de las respuestas de los candidatos eran esperpénticas, pero eso fue lo que permitía discriminar y que “los mejores” alcanzaran su objetivo. Sin embargo, no entiendo, en absoluto, el afán de la Administración educativa de nuestra Comunidad en denostar, una vez más, a sus propios trabajadores. ¿Acaso no se da cuenta de que la ciudadanía lo primero que pensará es que nuestros hijos están en manos de unos zotes, cuando en realidad es todo lo contrario? ¿Qué pretende con esto? ¿Todo para cambiar el acceso a la “condición de interino”? Además, si el 86% de los candidatos son unos Fray Gerundios de Campazas, ¿cree que con el 14% restante, de los cuales muchos tendrán su plaza como funcionarios, podrá cubrir las 11.000 plazas que necesita? ¿De dónde pretende, si no, sacar más maestros? ¿Tal vez contratando a personas no cualificadas de habla inglesa como ya está haciendo? Por favor, recapaciten y dejen de insultar a un colectivo que realiza una tarea ejemplar, dedicada, constante y, sobre todo, con un enorme respeto por nuestros niños.— Javier Alfaya Hurtado. Madrid.
Como maestra jubilada, he sentido en un primer momento bochorno al leer en su diario el artículo Maestros suspendidos en primaria (EL PAÍS; jueves, 14 de marzo). Pero el bochorno inicial se transforma en indignación cuando veo que quienes filtran los datos de las pruebas realizadas son, junto con los sucesivos Gobiernos nacionales, los máximos responsables de la situación creada.
Lo que a mi juicio demuestran las pruebas es que los planes de formación del profesorado son inadecuados e insuficientes. Que las facultades de educación no atraen a los mejores porque ni la nota de corte, ni la titulación, ni la remuneración, ni la consideración social del profesorado son las adecuadas. Que los responsables de la política educativa en el nivel autonómico y estatal son incompetentes para revertir y deberían dimitir. Que es mejor acusar a la víctima que a los causantes del fracaso. Que la señora Lucía Figar, consejera de Educación, Juventud y Deportes, no se preocupa de la formación del profesorado, sino de su “selección”, sin atender a la causa (que es su tarea) y escandalizándose del resultado.
Pese a todo, miles y miles de maestros y profesores han dedicado y dedican todo su esfuerzo a la formación de las nuevas generaciones, sin esperar reconocimientos, por pura vocación y responsabilidad.— Inés Hernández Sagrado. Santa Marta de Tormes, Salamanca.
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